Vecinos niegan presunto enfrentamiento entre el Cicpc y dos abatidos

En lo que ya se ha convertido en una constante, cada vez que hacen acto de presencia los funcionarios del Cicpc en cualquier sector popular de Venezuela y por ende del estado Bolívar, la calle Orinoco del Barrio Caroní estaba tomada por los vecinos quienes a  gritos y sin temor señalaban: “Ahí están. Dicen que fue enfrentamiento, que es una limpieza en el barrio. Y es mentira, a ellos los mataron”.

Las acusaciones eran contra  los funcionarios adscritos a la Brigada de Vehículos de la Subdelegación Guayana del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

A las 6:00 a.m., arribó una comisión buscando a Ohmaro Luis Castro Pérez, de 18 años, y alias el Indio, cuyo nombre aún no es revelado.

De acuerdo con la versión del Cicpc, los sujetos estaban solicitados por su presunta implicación en el robo de un vehículo.

Dijeron que al recibir la voz de alto dentro de su casa, Castro sacó un arma de fuego y los enfrentó. La balacera fue en la vivienda; de hecho, Castro cayó herido en su habitación.

Posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Dr. Raúl Leoni, al cual ingresó a las 7:00 de la mañana. Recibió atención médica y minutos después falleció.

Horas más tarde, a las 10:50 a.m., los funcionarios se desplazaron hasta la calle Misisipi, en el mismo sector. Justamente ahí dieron con “el Indio”.

Según el relato de los funcionarios, intentaron mediar pero nuevamente les dispararon. Al igual que Castro, el Indio resultó herido y llevado hasta el hospital de Guaiparo, donde murió apenas arribó.

“Esos muchachos eran sanos, no se metían con nadie, tenían toda una vida aquí”, expresó una mujer. Otra murmuró que la mamá de el Indio “lo sacó de La Victoria para salvarle la vida y mira, se lo vinieron a matar”.

Se conoció que luego de registrarse el supuesto enfrentamiento entre Castro y los funcionarios, hubo varias detenciones.

Del lugar se llevaron a la madre y la abuela de Castro, además de una menor de 15 años.

Los funcionarios sostienen que es por averiguaciones, debido a la vinculación del abatido en el delito de robo. Las tías de Castro exigían saber en dónde tendrían a sus familiares.

Contaron que el muchacho era cristiano y que durante un tiempo se fue de la zona, pero decidió volver. Señalaron que en la casa varios vidrios se rompieron, producto del intercambio de disparos.

Lo cierto del caso es que el gobierno tiene un problema más con derechos humanos, porque no puede ser que todo el mundo se pone de acuerdo para decir que fue una ejecución cometida por quienes se supone le brindan seguridad a la ciudadanía.

Es imperativo que una comisión de Asuntos Internos del Cicpc y de la Fiscalía investigue estos procedimientos pues no parece eso muy normal. Notidiario/DP

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